En el último quinquenio, se aceleró el avance de Internet en América Latina y el Caribe: 55% de sus habitantes usaron la red en 2015, 20 puntos porcentuales más que en 2010. La penetración de las conexiones en banda ancha también creció fuertemente, particularmente en la modalidad móvil, la que pasó de de 7% a 58% de la población.
El alcance y efecto, en mucho casos impredecible, que las tecnologías digitales están teniendo en la mayoría de las actividades sociales y económicas, llama a reflexionar constantemente sobre las definiciones tradicionales en materia de estructura de mercados, modelos de negocios y organización industrial. En este escenario, el diseño de
la política se enfrenta al desafió de promover la innovación tecnológica y social para impulsar los compromisos de inclusión y desarrollo sostenible definidos en el marco de la Agenda 2030. Para esto se requiere de un rol proactivo del Estado, y que este coordine y diseñe instrumentos que provean los incentivos necesarios para aprovechar la digitalización con fines de desarrollo.