El alcance y efecto, en mucho casos impredecible, que las tecnologías digitales están teniendo en la mayoría de las actividades sociales y económicas, llama a reflexionar constantemente sobre las definiciones tradicionales en materia de estructura de mercados, modelos de negocios y organización industrial. En este escenario, el diseño de
la política se enfrenta al desafió de promover la innovación tecnológica y social para impulsar los compromisos de inclusión y desarrollo sostenible definidos en el marco de la Agenda 2030. Para esto se requiere de un rol proactivo del Estado, y que este coordine y diseñe instrumentos que provean los incentivos necesarios para aprovechar la digitalización con fines de desarrollo.