Holz, RaulMaldonado, CarlosQuezada, SusanaRobles, ClaudiaSoto, Humberto2024-04-152024-04-152023S.23-00992https://repositorio-chepes.sedesol.gob.hn/handle/123456789/87De acuerdo con la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, la protección social “[…] se orienta a garantizar el acceso a ingresos adecuados para un nivel de bienestar suficiente de manera universal, servicios sociales (como salud, educación, agua y saneamiento), vivienda, políticas de inclusión laboral y trabajo decente” (CEPAL, 2020, pág. 20). La protección social busca abordar de manera efectiva las brechas de acceso al bienestar, viabilizando el ejercicio de los derechos y la plena participación e inclusión de las personas en la sociedad (CEPAL, 2020). En este sentido, la protección social es una política clave para contribuir a la plena realización y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, en el marco de instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y la Recomendación sobre los Pisos de Protección Social 2012 (Núm. 202) de la Organización Internacional del Trabajo, así como el conjunto de marcos normativos dirigidos a poblaciones específicas que son sujeto de atención por parte de los sistemas de protección social1 . Estos instrumentos reconocen los derechos a la protección de un nivel de vida adecuado, a la seguridad social, al trabajo, al mayor nivel posible de salud física y mental y a la educación (Cecchini y otros, 2015), todos los cuales forman parte del marco fundamental de los sistemas de protección social y su accionaresArticle